A partir de la Ley que acaba de sancionar el Senado Bonaerense, en el que se establecen mecanismos para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, desde AIEPA expresaron que “cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”.
Según explicó el secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, “el aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”.
En diciembre pasado la Legislatura bonaerense también estableció normas para restringir el uso de dispositivos en establecimientos primarios, tanto estatales como privados.
De acuerdo con la evaluación que hacen desde la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de todo el país, “medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias. Por eso, cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos”.
Zurita explicó que “las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”.
Por último, desde la entidad representativa de los colegios privados dijeron que “creemos que como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela”.
